Por Elías Amor.
En el diseño eficiente de políticas públicas cobra especial importancia estudiar con detalle las demandas sociales. La opinión de los ciudadanos resulta una materia prima esencial antes de proceder a elaborar los instrumentos de política dirigidos a lograr los objetivos. Los gobiernos democráticos actúan de este modo, reforzando así su vínculo con los electores.
Para ello, se suelen utilizar técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas que sirven no sólo para ajustar los porcentajes numéricos relativos a las preferencias sociales, sino para aportar contenido y discurso al enfoque de las políticas. Esta práctica es desarrollada por todos los gobiernos que quieren acertar en sus actuaciones, atender las demandas sociales y asegurar el logro de los objetivos. El conocimiento de la demanda social es, en tales condiciones, fundamental para el proceso.
Sin embargo, a veces se suelen cometer errores graves en esta tarea, y son muchos y muy variados. Como por ejemplo, pensar o creer que la opinión de determinados colectivos o segmentos de la población es representativa del total. Este error suele provocar amplios rechazos del conjunto de la sociedad en torno a las decisiones de los políticos una vez que se ponen en marcha.
Otro error es atribuir a un grupo técnico de “expertos” un conocimiento superior o diferencial de las necesidades sociales y elaborar las políticas en base a sus recomendaciones y/o sugerencias. También en estos casos suele producirse rechazo social.
Por todo ello, lo ideal es investigar la demanda social a partir de estudios que tengan en cuenta los parámetros de representación que el muestreo aleatorio asegura para la investigación social. Por ejemplo, muchos gobiernos diseñan muestras representativas de 1 000 casos y con ello se obtienen resultados mucho más representativos y de calidad que cuando se reciben sugerencias del público de forma directa y abierta. Se tiende a producir en este último caso una participación más elevada de aquellos colectivos altamente motivados, mientras que los sectores sociales más amplios se mantienen en silencio. Luego, cuando las políticas se ponen en marcha, surgen los rechazos.
Es por ello que, en la gestión de políticas públicas, la tarea previa y fundamental de investigación social cobra una importancia fundamental, y los gobiernos que no dedican especial atención a esta tarea o equivocan los procedimientos a seguir, acaban cometiendo graves errores que se traducen en rechazo social, protestas o incluso estallidos sociales contra sus políticas.
Si se evalúa lo ocurrido con la Tarea Ordenamiento en estos dos meses y medio de su aplicación, se podría estar ante un caso práctico de actuación deficiente por el gobierno de Miguel Díaz-Canel en materia de investigación y conocimiento de las demandas sociales. Los comunistas cubanos tienden a creer que las opiniones recabadas en las asambleas de cualquier tipo que utilizan como mecanismos de obtención de información social son representativas de la mayoría. Grave error. Convencidos de una idea falsa e inexistente de unidad y jerarquía de la sociedad en torno al único partido autorizado no se percatan de que la sociedad cubana es plural, diversa, variada y con numerosas posiciones respecto de las demandas sociales hacia la acción pública.
Por ello, la Tarea Ordenamiento ha tenido que ser transformada a toda prisa, en sus principales actuaciones y propuestas, y lo que queda actualmente, tiene poco que ver con el diseño original de aquel torrente de 1 000 páginas de decretos, resoluciones y normativas publicadas en la gaceta oficial en el mes de diciembre del pasado año.
Las autoridades se escudan en que las modificaciones en las tarifas eléctricas, del gas licuado, del queroseno, precios de los comedores y transporte obrero, y las acciones para el control de precios abusivos, el incremento de subsidios en numerosos productos, son medidas tomadas “a partir de escuchar sistemáticamente las opiniones de la población”.
Y, realmente puede que lo sean, pero vienen a confirmar que la elaboración de las medidas no siguió un esquema eficiente, tomando en cuenta las demandas sociales desde el primer momento, o en el peor de los casos, solo se atendieron las opiniones “asamblearias” o de los “expertos” del gobierno. Mal asunto, por lo que han tenido que dar marcha atrás a la Tarea Ordenamiento, y en su actual diseño y ejecución tiene muy poco que ver con lo que se implementó el pasado 1ro de enero. Por mucho que se empeñen en decir lo contrario.
De modo que estamos ante un ejemplo de la necesidad de implementar políticas escuchando antes de forma correcta (lo que significa utilizar criterios representativos) las demandas sociales. El rechazo de la Tarea Ordenamiento entre los cubanos es un buen ejemplo de ello, y la reacción de las autoridades a esas quejas, que se acercan a un sentimiento de malestar desconocido en la Isla desde los tiempos del “período especial” llega tarde, se ha aplicado de forma inadecuada y en algunos casos, como las actuaciones en materia de salarios, están creando agravios comparativos que no pueden acabar bien.
Los dirigentes comunistas se han equivocado en sus planteamientos, pero no lo van a reconocer. Escudándose en los mensajes clásicos de “fórmulas más justas y equitativas, o de respeto a los principios de justicia social, y de no dejar abandonados a los vulnerables”, han promovido un giro de la Tarea Ordenamiento en los principales ejes, como la reforma de salarios, la fijación de precios por las entidades jurídicas y la reducción de subsidios y gratuidades, que resta credibilidad a la política misma y pone a amplios sectores de la población en su contra. Como consecuencia de ello, el déficit público se dispara y se aleja de una senda de corrección estructural que tendrá consecuencias negativas sobre la recuperación de la economía.
Está bien lo que afirma Marino Murillo sobre la Tarea Ordenamiento en el sentido de que “se manifiesta la voluntad de ajustar todo lo posible”, pero existen dudas sobre los objetivos planteados inicialmente y los ajustes realizados teniendo en cuenta esas opiniones de la población y de la base productiva y las empresas. Posiblemente, si las cosas se hubieran hecho bien desde el primer momento (y han tenido tiempo suficiente para ello) no serían necesarios estos cambios de última hora, que acaban trastocando lo que se pretendía alcanzar, con pérdida de credibilidad y confianza en las políticas económicas. Nada bueno.
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