Cuando hace dos años refundó el cuentapropismo en Cuba, el gobierno de la isla se propuso primeramente crear empleos para más de un millón de trabajadores que necesitaba sacar con urgencia de las plantillas estatales; y en segundo lugar, asestar un golpe mortal al mercado negro legalizando a sus legiones y poniéndolas a pagar impuestos, licencias y ocasionales multas.
En la práctica, la porción de asalariados del Estado que se acogió al trabajo en el sector “no estatal”, no fue la esperada. En julio pasado el diario Granma reportó que en poco más de año y medio se había pasado de 157,371 cuentapropistas a 387,275, para un incremento de casi 230,000 personas, Pero el diario admitió que 68 por ciento no tenía anteriormente vínculo laboral, 16 por ciento habían sido contratados por otros “cuentapropistas”, y 15 por ciento eran jubilados.
Y si bien han crecido significativamente las cifras de los trabajadores privados que aceptaron pagar licencias, impuestos y el “barato” que cobran los corruptos inspectores estatales, todavía hay un ejército de “luchadores” que prefieren seguir corriendo el riesgo de trabajar por la izquierda, en la ilegalidad.
El veterano periodista independiente Iván García presentó esta semana en un reportaje para martinoticias los casos de Alfredo, quien se gana entre 120 y 160 pesos diarios vendiendo café por las noches desde una silla plegable y una mesita de plástico; y Danilo, que recauda entre 50 y 60 pesos diarios vendiendo cucuruchos de maní a peso. Ninguno de los dos ha sacado licencia.
Muchos de estos rebeldes actúan ahora enmascarados entre los particulares con licencia o incluso amparándose tras sus licencias. Como la materia, el mercado negro cubano no se ha destruido: se ha transformado.
Un zapatero mantiene su taller privado abierto hasta la noche.
El periódico Trabajadores arremetió en días pasados contra la “amenaza real” de estas personas “éticamente desvalorizadas”, que dice buscan brechas para ejercer el trabajo “no estatal” y violan las normas jurídicas establecidas.
El diario llama a “actuar con más energía contra los violadores”. Aduce, por ejemplo, citando a una dirigente de los sindicatos oficialistas, que los cocheros ilegales “les ‘roban’ los pasajes a los oficializados, llegan a las piqueras y no hacen colas, violan las regulaciones del tránsito, además de evadir el pago de impuestos”.
En cuanto a los arrendadores de habitaciones, otra de las fuentes de Trabajadores refiere que los huéspedes extranjeros se van con los que alquilan “por la izquierda” porque, como esquivan las cargas impositivas, les pueden cobrar menos.
Un “representante sindical” de los arrendadores legales se quejó al diario de que mientras ellos tienen que someterse a los “engorrosos” trámites de la Oficina Nacional Tributaria y la dirección de Vivienda, y cazar las horas de la oficina de Inmigración, nada de eso les pasa a los que “burlan la ley".
Y en el caso de los elaboradores-expendedores de alimentos, apunta un cuadro del Sindicato del Comercio, “los que tienen licencia son más proclives a multas y otras medidas”.
Como sugiere el propio diario oficialista, entre los altos impuestos, la burocracia desesperante, y el aguijón constante de los inspectores estatales, --amén de sus prácticas extorsionistas, que Trabajadores no menciona-- los cuentapropistas legales tienen en el Estado un agujero negro que se traga su tiempo y su dinero, y sólo les permite progresar lentamente.
Sólo los dueños de paladares y los arrendadores de habitaciones ganan lo bastante para pagarle al Estado y prosperar
El periodista independiente Víctor Manuel Domínguez nos asegura desde La Habana que sólo en dos categorías de trabajadores privados -los dueños de “paladares” y los arrendadores de habitaciones y casas, ambos orientados a la clientela que paga en divisas-- se observa un nivel de ganancias suficiente como para acatar las exigencias del Estado y todavía prosperar.
¿Qué puede hacer el resto de los gestores “no estatales” del mercado interno de la isla?
Desde la isla, el portal dedicado al cuentapropismo Cuba Vibra, que favorece la legalización de quienes todavía permanecen clandestinos, dice que aquellos que permanecen incógnitos o coqueteando con la ilegalidad, renuncian a operar más tranquilos, con deberes y derechos establecidos y reconocidos con carácter oficial.
Al analizar las causas de tal actitud, Cuba Vibra menciona lo que describe como un “reflejo condicionado que arrastran de épocas anteriores, en que este tipo de negocios era reprimido” y en algunos casos, como los de las cafeterías privadas, estuvieron “cancelados de forma total en todo el territorio nacional”.
El portal reconoce que la estricta prohibición -aquella ofensiva “revolucionaria”--no logró que estas actividades desaparecieran del todo entre la población, pues muchos se dedicaban a operaciones de venta desde sus propias casas que requirieran mínimo contacto con el cliente. Por ejemplo, la de dulces o empanadas; o la de durofrío, en lugar de la de bebidas refrescantes, que obliga al cliente a permanecer más tiempo en el lugar de venta.
Cuba Vibra señala que a partir de la aprobación del trabajo por cuenta propia esta actividad se torna legal y se puede realizar con respaldo oficial, lo mismo desde la vivienda que desde lugares públicos. “Solo se precisa contar con la licencia y los permisos legales al día”.
“Pero contrario a lo que pareciera lógico, muchos elaboradores de comidas y bebidas prefieren no incluir su gestión en el nuevo movimiento y continúan elaborando sin licencia desde sus casas”.
O sea, que el método del durofrío ilegal casero continúa vivito y coleando en la isla, sólo que ahora también da cabida a operaciones comerciales ilegales de más envergadura como la venta de ropa importada, y a una nueva y floreciente categoría: la de los suministradores clandestinos del sector “no estatal”.
Detrás de este sandwich puede haber varios suministradores sin licencia
Cuba Vibra destaca que “donde sí han modificado su conducta muchos de estos operadores sin licencias es en el destino que dan a sus producciones, ya que ahora, en su mayoría, trabajan como suministradores de otros. Elaboran alimentos y bebidas para verdaderos cuentapropistas, pero sin estar debidamente autorizados a realizar esta actividad”.
“Son los suministradores clandestinos e ilegales con que cuentan algunos trabajadores por cuenta propia. Operadores que sí tienen la licencia para operar pero que prefieren ahorrarse el trabajo de elaboración de los alimentos y se arriesgan a comprarles a estos productores los alimentos procesados. Toda una operación clandestina y perseguida por la administración pública”.
Iván García me explica desde La Habana que si antes quienes robaban en los almacenes del Estado (a su modo de ver estaban“resolviendo” o “inventando”) tenían que vender su botín al menudeo, ahora encuentran clientes que les compran la materia prima al por mayor -no existe un mercado mayorista para los trabajadores privados en Cuba-o el producto ya elaborado.
Pone el ejemplo de quienes antes robaban harina, grasa y azúcar de una dulcería y ahora, o bien se las llevan a casa para hacer pasteles, señoritas y tartaletas, u hornean los dulces en el mismo centro de trabajo estatal, luego de contratarlas por debajo del mostrador con el expendedor particular.
Este último, para poder “nadar y guardar la ropa”, adquiere en el mercado negro comprobantes falsos de compra de insumos, y le paga generosamente a un contador profesional a fin de que elimine de sus libros cuialquier irregularidad.
Dueños de varios vehículos contratan choferes y al final del día todos se van contentos
En los servicios también se han vuelto más complejas las ilegalidades con el cuentapropismo. El diario Trabajadores se quejaba, en el caso de los cocheros -el transporte público básico de las provincias-, de que había aparecido “el peón de coche, que no es el dueño del medio, solo lo trabaja y le paga al propietario una tarifa preestablecida de acuerdo con el horario. Esos no están inscriptos y por tanto burlan las normas”.
Iván García asegura que en La Habana 60 por ciento de los “boteros” no son dueños de los carros que conducen. Son como Orlando, uno de sus entrevistados para el reportaje Ventas al detalle que publicó martinoticias esta semana. Orlando tiene licencia de transportista, pero no trabaja con un vehículo propio.
“Trabajo para un tipo que tiene cinco autos y los dedica a alquilar”, dice. “Diariamente le tenemos que pagar 550 pesos si manejamos un coche de 5 plazas. Si es un 'yipi' de 10 asientos, entonces pagamos mil pesos diarios. No tenemos que invertir en nada. El combustible y las reparaciones corren por su cuenta. En una jornada, llego a casa con más de 600 pesos de ganancia”.
El autor precisa que de las categorías del cuentapropismo en las que no se precisa una fuerte inversión de capital, la de taxista "contratado" es la más rentable.
Un comentario al pie del mencionado reportaje de Trabajadores se queja de que en éste no se dice nada de los cuentapropistas que revenden todo tipo de mercancías de las que que existen en las tiendas en divisas. E incluye este variado inventario: “detergente, manzanas, lámparas y tubos de luz fría, piedras abrasivas y de corte, herramientas, herrajería sanitaria en su totalidad, mangueras de todo tipo y hasta tuberias flexibles de cobre”.
El comentarista se pregunta de dónde sale todo esto y quién autoriza a esas personas a revenderlo a precios elevadisimos.
De la misma manera que Alfredo y Danilo se arriesgan a vender café y maní sin licencia, muchos cuentapropistas, cuyo negocio, lastrado por las cargas estatales, no les da para mejorar significativamente su nivel de vida, se prestan a amparar con sus licencias --en una especie de justicia por su mano-- la venta furtiva de lo saqueado a los almacenes del Estado.
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