Interpretando la realidad cubana.

Entender el socialismo cubano es como resolver un problema aritmético sin utilizar la lógica. Principalmente porque sus conceptos y definiciones, no coinciden con los que tradicionalmente se emplean en las ciencias políticas. La dirigencia histórica tiene su propio diccionario.

Por ejemplo, en agosto de 2009, Raúl Castro, en su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), dijo: "A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo".

En cualquier parte del mundo que se escuche la frase, de boca de un jefe de Estado y de Gobierno, entenderían que fue elegido por su pueblo, en elecciones populares. En Cuba esto no es así. Nos distinguimos por ser la excepción en la regla.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros es elegido por la ANPP. Por tanto, cuando el menor de los Castro, se refiera a los que eligieron, piensen sólo en 609 personas. Número de diputados que ejercieron el derecho al voto, en representación de más de 11 millones de cubanos.

¿El General de Ejército tuvo oposición en las elecciones?, ¿Había varios candidatos propuestos para la jefatura del estado y del gobierno? No, el único postulado fue él. En Cuba hay un solo partido político y aunque el PCC no participa en el proceso electoral, su líder, es quien se propone para el cargo. Raúl Castro es el Segundo Secretario del Comité Central del Partido. El primero es su convaleciente hermano.

La candidatura a Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, así como todos los demás cargos y puestos del Consejo de Estado, son de lista cerrada y bloqueada. Se nominan tantos candidatos como puestos tenga el órgano.

Sumémosle además la fórmula del voto unido para garantizar más del 50% de los votos necesarios para ocupar el puesto. Este tipo de boleta, impide al elector, el voto selectivo y preferencial. Por tanto cuando se habla de elección, entiendan confirmación.

En el mismo discurso, el menor de los Castro dijo: "en 50 años de Revolución, en materia de consulta con el pueblo, tenemos suficiente experiencia". Cualquiera entendería que la dirigencia histórica tiene el hábito de consultar al pueblo sobre las decisiones que toman.

En términos políticos, la consulta popular se desarrolla mediante referendo. Un proceso electoral, en el que el pueblo decide con su voto acerca de una ley, una acción gubernamental u otro asunto de interés común. En Cuba es diferente. Para los dirigentes, orientar el estudio de un discurso, como el de Raúl Castro el 26 de julio del 2007 en los centros de trabajo o a nivel de barrio, es sinónimo de consulta popular.

Cuando escuchen decir, que consultaron al pueblo, entienda que 5 100 000 personas, menos de la mitad de los habitantes del país, asistieron a reuniones en sus centros de trabajo y Comité de Defensa de la Revolución (CDR). Interpreten que sólo 3.255.000 pidieron la palabra para opinar, y que de estos, 1 301 203 hicieron planteamientos concretos, y críticos, el 48 % de los mismos.

Las cifras las dio el mismo Jefe de Estado, para demostrar que a la hora decidir las políticas tenía en cuenta la opinión de la población. En aquel entonces los datos, según él, fueron de la más reciente consulta que se realizo a nivel nacional.

Olvidó mencionar la realizada a finales del 2008 con motivo de la adopción de la nueva ley de seguridad social. La ANPP encargo a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) someter a consulta popular el aumento en 5 años de los requisitos de edad y tiempo de servicios, para obtener el derecho a la pensión por vejez para ambos sexos de los trabajadores cubanos.

En este caso, 3.085.798 trabajadores, un 93, 8 % del total, en representación de más de 11 millones de habitantes, participaron de la consulta. Se produjeron más de 900 000 intervenciones, en las 85.301 asambleas que se celebraron al efecto.

Salvador Valdés Mesa, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, alegó ante el Parlamento que se puso de manifiesto la falta de conocimiento legal sobre las regulaciones de la seguridad social. En esas condiciones, no es de extrañar que sólo un 0,9% de los trabajadores "consultados", no aprobaran la propuesta.

La confusión de expresiones políticas y jurídicas se repite. Por ejemplo, la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, al dictaminar sobre el proyecto de Ley de Reforma Constitucional del 2002, alegó que el pueblo se había dirigido, en indiscutible proceso plebiscitario popular, a la Asamblea Nacional. La utilización del término nada tiene que ver con lo que se entiende por plebiscito, en las ciencias políticas.

En realidad no hubo un proceso electoral, sino una recogida de firmas por los Comités de Defensa de la Revolución. Esas rúbricas, "conscientes y voluntarias" de 8 198 237 electores, como afirma el dictámen, no fueron para ratificar la reforma, sino para solicitarla. En realidad, ese proceso de solicitud, fue innecesario desde el punto de vista legal.

La Constitución de la República, antes de reformarse en el 2002, exigía referendo cuando la transformación fuera total o se refiriera a la integración y facultades de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado; o a derechos o deberes reconocidos en la Constitución.

El gobierno utiliza la ley a su conveniencia. No realizaron consulta popular cuando por decisión política se prohibió a los cubanos hospedarse en los hoteles, un derecho consagrado en la Constitución y fue restringido sin ningún respaldo legal.

La reforma del 2002 no transformó nada. Es una maniobra para perpetuar el sistema, al declarar el socialismo "irrevocable". Repito: legalmente no hacía falta un "proceso plebiscitario" para solicitar una reforma a la Constitución. Pero de realizarlo, lo lógico era hacer un referendo después de propuesta la reforma, para confirmarla. Mucho más cuando ésta impone, un sistema político ineficiente a las nuevas generaciones.

La retórica de los dirigentes cubanos, tiende a confundir. Sus embrollos ideológicos, políticos y jurídicos no son producto del azar, por el contrario, son intencionados. Los utilizan para justificar, o aparentar una cierta legalidad, en sus maniobras.