Por Luis Cino.
Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación, de visita en Caibarién.
La reciente ley para la Mediana y Pequeña Empresa (Mipymes) no busca la liberalización económica, el destrabe de las fuerzas productivas y la prosperidad de los cubanos -como pudiera pensarse-, sino que es otra jugarreta de la dictadura castrista para reforzar sus controles sobre la sociedad y aumentar los beneficios y prebendas de la elite gobernante y sus más cercanos servidores.
Dicha marco legal, con reminiscencias feudales, determina que las pequeñas y medianas empresas no pueden tener más de 100 miembros, convertirse en sociedades anónimas ni acceder al mercado internacional si no es a través de la mediación de empresas del Estado.
Estas regulaciones, lejos de estimular, traban y ponen limitaciones absurdas al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas privadas, condenándolas a no crecer y a ser raquíticos bonsais que, relegados a un segundo plano, trabajen en función de las empresas estatales.
Los mandamases castristas, mantienen testarudamente la apuesta por la empresa estatal socialista, la cual, pese a su proverbial ineficiencia y sonados descalabros, aspiran sea el motor impulsor de la economía cubana.
En lo que en su enrevesada jerga calificó como “reordenamiento empresarial” y “encadenamiento del sector estatal con el no estatal”, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, anunció que “las empresas estatales tienen ahora la posibilidad de convertirse en empresas filiales o Mipymes a partir de la separación entre la propiedad y la gestión”.
Aunque aseguran que todas, como parte de “un mismo modelo”, trabajarán en igualdad de condiciones, las Mipymes -que surgirán de las empresas estatales divididas o asociadas con particulares- arrancarán con ventaja en cuanto a licitaciones, locales, equipamiento, financiamiento, recursos y mercado.
Los mandamases, impidiendo la concentración de propiedades y riquezas, y, por ende, la acumulación de capital, siguen evitando que surja una clase media de pequeños propietarios que logre independizarse del Estado.
Solo a los más incondicionales servidores del régimen les está permitido enriquecerse. Por ello, no cualquiera podrá dirigir esas filiales productivas y de servicios paraestatales que serán las Mipymes. Al frente de ellas estarán personas de confianza del régimen: ex directores de empresas, ex oficiales de las FAR y el MININT, funcionarios retirados del aparato gubernamental, tronados “caídos para arriba” y otros paniaguados. Como ocurrió en Rusia y Nicaragua, ellos, secundando a los militares-empresarios de GAESA, conformarán la mafia triunfadora en la piñata.
Alejados de los intereses populares y con su lealtad comprada contribuirán a la continuidad del sistema. Pero tentados por la codicia, se corromperán y, cual pirañas, disputarán entre ellos. Cuando sientan amenazados sus privilegios y los bienes en usufructo concedidos por el Estado patrimonial, su fidelidad al régimen se verá puesta a prueba. Habrá que ver entonces lo que pasa.
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