Extorsión a cuentapropistas.

Por Osniel Carmona Breijo.

Los vendedores ambulantes se han convertido en presas de la extorsión y la corrupción que rodea a la burocracia del Estado.

Yulio Elizarde es un cuentapropista que empuja una carretilla de frutas y verduras por las calles de La Habana. Vende a transeúntes.

Elizarde está en el negocio desde 2010, pero afirma que durante los últimos seis meses ha sido víctima de constantes extorsiones por parte de un grupo de inspectores. Cada semana le aplican una multa que oscila entre 50 y 100 pesos en moneda nacional. Son entre dos y cuatro dólares. En principio no parece ser mucho, pero el promedio de ingreso en el país es de unos 400 pesos al mes.

Los oficiales le dicen a Elizarde que tienen un plan mensual de imposición de multas.

"Cuando me propusieron aceptar las multas, prometieron que si estaba de acuerdo me garantizaban protección en cuanto a no ser molestado por otros inspectores", señala.

Para Elizarde, la propuesta era una ventaja, ya que podría "mover y estacionar en cualquier parte la carretilla" con sus productos. "Entonces creí que sería un trato conveniente".

Otro vendedor, Eliecer Montoya, también entró en el juego de las multas a cambio de protección, orquestado por los inspectores.

"Poco tiempo después comprendí que había cometido un error", dice Montoya, "pues teniendo en regla la documentación para ejercer y abonando con puntualidad lo pactado con el fisco, no tenía porqué aceptar chantaje ni mantener parásitos con el sudor de mi sacrificio".

Reconoce que aceptado el pacto, no se puede anular.

"He protestado [ante ellos] enérgicamente, pasan y me dejan una multa diciéndome que, si no estoy de acuerdo, puedo protestar donde quiera, que nadie creerá que no he cometido infracción".

Montoya se opone particularmente a las disposiciones para cuentapropistas que establecen que el medio utilizado para transportar los productos en venta no debe permanecer estacionado en el mismo sitio por más de 45 minutos y tampoco que sea techado.

"Es abusivo tener que empujar un carretón de hierro a lo largo de la jornada sin poder colocar una cubierta donde guarecerse del fuerte sol", dice Montoya. "Tantas horas de sol deteriora además la calidad de muchas mercancías".

En el marco legal cubano, la extorsión es sancionable como un delito de cohecho, advierte el licenciado en Derecho Armando González.

"En este caso los inspectores incurren en un delito de cohecho, agravado desde el momento en que participan como figura delictiva exigiendo dádivas a cambio de violar o incumplir algunas de sus funciones". Señala que "los tribunales pueden sancionar con penas de cuatro a siete años de cárcel a los inspectores".

Aunque González advierte que la extorsión "es una figura delictiva difícil de probar, con muchas lagunas jurídicas".

"Los cuentapropistas pueden también ser sancionados por participar en el cohecho, ofreciendo beneficios económicos a cambio de ocultar sus ilegalidades", expresa.

Paradójicamente, Elizarde y Montoya coinciden en que los inspectores no son responsables absolutos del embrollo en que se encuentran, sino que forman parte de la sociedad actual, donde todos buscan un recurso extra para vivir.

La corrupción es endémica a lo largo del sector público cubano y la cúpula gobernante ha hablado de ello abiertamente. Raúl Castro ha descrito la corrupción como uno de los "enemigos principales" que enfrenta el sistema socialista. A finales de septiembre, los medios nacionales dieron una amplia cobertura a un encuentro sobre "herramientas de control y prevención contra la corrupción administrativa". ¿Se acabaran las extorsiones?