Por Luis Cino.
Inspector multando a un trabajador por cuenta propia.
En los últimos días, en Parcelación Moderna, mi suburbano barrio en Arroyo Naranjo, donde habitualmente los vendedores, autorizados o no, campean por sus respetos, y de todo se puede conseguir siempre que se tenga dinero, bastante dinero, el comercio se ha paralizado casi por completo.
Y es que desde el pasado 2 de diciembre, en función del anunciado “Ejercicio contra el delito y las ilegalidades”, hay en la calle una jauría de inspectores prestos a imponer multas -con motivos o sin ellos-, decomisar y ordenar el cierre de negocios.
En muchos establecimientos dicen que no abren hasta nuevo aviso. El pollo, la malanga, el queso blanco, el azúcar y el yogur han desaparecido, o están ocultos en espera de tiempos mejores.
No se ve a los revendedores de turnos y trasegadores de “balitas” en las larguísimas colas para comprar el gas licuado que no venía desde hacía más de un mes y que tenía a muchos cocinando con leña (con tantos apagones no se puede contar con las cocinas y ollas eléctricas chinas, que además son malas y se rompen con frecuencia).
Los borrachitos están desconsolados porque luego de que anunciaron el hallazgo por la Policía en San Miguel del Padrón de las cientos de botellas robadas en la ronera, se perdió el ron, y hasta la chispa-e-tren y el “salta pa’atrás”.
Y también escasean los cigarros: desaparecieron de las cafeterías y solo los venden, en algunas casas, con mucho misterio y cada vez más caros. Pueden costar entre 200 y 350 pesos, en dependencia de la calidad. “El químico es más barato”, comentan algunos muchachitos del barrio, que saben a quiénes acudir para conseguir la droga, y que si no pueden largarse del país, prefieren estar arrebatados, aunque se les achicharre el cerebro.
El gobernante y primer secretario del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el “Ejercicio contra la delincuencia y las ilegalidades” iba dirigido contra “la evasión fiscal, las inadecuadas relaciones y distorsiones que pueden existir entre el sector estatal y el sector no estatal, todo lo que afecta la tranquilidad ciudadana, y contra los precios abusivos y especulativos”. Pero todos sabemos que tras este 7 de diciembre, cuando concluyó, las aguas volverán a su nivel y todo seguirá igual o peor.
Los inspectores, chantajeando y extorsionando a los dueños de los negocios, ¿van a terminar con la corrupción? ¿Estarán interesados en acabarla los burócratas atrincherados en los ministerios?
La corrupción en la sociedad cubana, a todos los niveles, desde las cuarterías y las villas-miseria hasta las gerencias y oficinas de los ministerios, es incurable. Los intentos de atajar la corrupción lo que hacen es aumentarla. La miseria obliga a buscar modos, los que sean, de sobrevivir. En este desmadre, todo vale. Al diablo la ley, si en Cuba todo lo que no está prohibido, es ilegal. Y olvídense de la moral: con tanta doble moral, se acabó por no tener absolutamente ninguna. Empezando por los mandamases y sus descendientes.
Lo único que consigue el régimen con su cruzada contra lo que considera ilegalidades, las medidas coercitivas y el estrangulamiento monopólico por el Estado de los negocios privados -entre topes de precios y otras regulaciones, acaban de prohibir a las mipymes el comercio mayorista si no es a través de empresas estatales- es hacer más onerosa y difícil la subsistencia de la mayoría de los cubanos.
Tal vez piensen los mandamases que la miseria es un modo de mantener la disciplina y el control social, para que la gente solo piense en qué va a comer mañana. Pero eso es algo peligroso. Están exagerando. Y al paso que vamos -con tanta hambre, ya va siendo cuestión de vida o muerte- inevitablemente les va a reventar.
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