Por Roberto Jesús Quiñones Haces.
En su edición correspondiente al pasado viernes 15 de mayo del 2015, el periódico Venceremos, órgano oficial del Partido Comunista en Guantánamo, publicó un artículo de la periodista Haydeé León Moya donde expone las razones por las cuales fue demolida una vivienda casi terminada, la cual se construyó entre finales de marzo y principios de abril en la calle 14 Norte, esquina a Ahogados.
En respuesta al rechazo que la demolición provocó entre los vecinos de la zona, el artículo se limitó a enumerar algunas de las ilegalidades cometidas en el caso, como que el terreno donde se construía era propiedad del Estado y en él estaba prevista una obra de impacto social. Además, añadió, fueron falsificados los documentos de micro localización del terreno y la licencia de construcción.
Sin embargo, la periodista no expuso lo que cualquier cubano sabe. Documentos como los mencionados no pueden ser confeccionados ni adulterados sin la complicidad de funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) o la Dirección de Planificación Física (DPF). De igual modo, nadie es tan temerario como para invertir más de cien mil pesos en una construcción ―como fue el caso― si no se siente respaldado jurídicamente. El artículo nada dice acerca de las medidas adoptadas con los funcionarios que autorizaron la entrega del terreno y la licencia de construcción.
Según este mismo artículo, la demolición de la vivienda no se trata de un caso aislado, lo que demostraría la voluntad del gobierno de encarar las ilegalidades, como las ocurridas en viviendas precarias edificadas en el barrio de Palmira, recientemente demolidas. Sin embargo, lo que no advierte la periodista de Venceremos es que, si en verdad esta demolición no es un caso aislado, tampoco lo es la corrupción administrativa en las instituciones antes mencionadas.
En noviembre del 2014 Cubanet hizo público el caso de la señora Magyoris Céspedes Salazar, vecina de la calle Carlos Manuel de Céspedes no. 601, entre 7 y 8 Norte, Guantánamo, donde un funcionario de la DMV, todavía no identificado, falsificó un título de propiedad para favorecer a una persona colindante que reclamaba una parte del terreno otorgado a Magyoris y que ésta ya había pagado al gobierno.
En agosto de ese mismo año, el señor Hernán Vargas Sánchez, vecino de la calle San Gregorio 1110, esquina a Ramón Pintó, Guantánamo, tuvo que reclamar enérgicamente ante autoridades del Partido y otras instituciones del gobierno pues la DPF había asignado un terreno de su propiedad, situado en la calle Cuartel y la 15 norte, a un miembro del Ministerio del Interior que ya había colocado varias estacas de madera señalando el lugar donde construiría su vivienda.
El caso de Hernán Vargas Sánchez demuestra la indefensión de los cubanos ante el poder omnímodo de los funcionarios del gobierno y el irrespeto que éste siente por la propiedad privada. Con anterioridad, Hernán fue dueño de un terreno ubicado en la calle Donato Mármol entre 2 y 3 Oeste, hasta que un antiguo dirigente del gobierno, de apellido Vidal, le pidió que le prestara provisionalmente el terreno para colocar allí unos materiales de construcción. En aquella ocasión, Vargas Sánchez cometió el error de acceder. Poco tiempo después le avisaron que en el sitio estaban construyendo. Cuando su legítimo dueño reclamó le comunicaron que la obra estaba adelantada y que allí iba a edificarse un círculo infantil, por tanto, se le daría otro terreno. Entre gestiones dilatadas y burocratismos el señor Vargas Sánchez pasó más de seis años hasta que le entregaron el solar del cual también estuvieron a punto de despojarlo.
Otro caso que tipifica las violaciones de la ley por parte de los propios funcionarios es el de Leyda Sánchez Leyva, vecina de la calle Martí no. 464 entre 3 y 4 Norte, Guantánamo. Esta señora lleva varios años en procesos judiciales y administrativos contra Enilde Bess Parra que, residente en Holguín, jamás ha ocupado la vivienda y se sabe que obtuvo la propiedad gracias a un proceso corrupto.
Según una fuente a la que tuvo acceso este periodista y cuyo nombre no revelamos por razones de seguridad, desde hace más de un mes la DPF de Guantánamo es objeto de una auditoría y otras investigaciones debido a que, de forma reiterada, varias personas han recibido un mismo terreno para la construcción de sus viviendas.
Según esta misma fuente, una funcionaria de la entidad, nombrada Yordanka Cobas, responsable de la entrega de solares yermos para la construcción de viviendas con esfuerzo propio, estuvo detenida bajo investigaciones durante una semana.
Una indagación realizada por este reportero a raíz de estos hechos, reveló que ha sido paralizada la construcción de una vivienda situada en la calle 15 norte, entre Ahogados y Cuartel, colindante precisamente con el terreno de Hernán Vargas Sánchez. La obra estaba a cargo de Guillermo Martínez Céspedes, teniente coronel del Ministerio del Interior y Jefe de la Dirección de Prisiones en la provincia. Aunque se rumora que esta persona ha sido separada de su cargo, no hemos podido corroborar la veracidad de la información.
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