Por Roberto Jesús Quiñones Haces.
En su afán por otorgar legalidad a lo que es un hecho ajeno a nuestras tradiciones e historia desde la promulgación de la primera constitución mambisa hasta el funesto golpe de Estado de Fulgencio Batista, los ideólogos del castrismo han llegado a otorgarle a su organización política rango constitucional.
En la carta magna impuesta por los comunistas está el artículo 5, que en su primer párrafo establece: “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.
Ante el reiterado discurso oficialista y el citado precepto constitucional resultan inevitables estas preguntas: ¿Qué es un partido de vanguardia y cuáles son los hechos que permiten otorgarle esa calificación?
Una simple deducción lógica nos indica que un partido es de vanguardia cuando su acción es evidentemente transformadora y revolucionaria, resuelve los problemas nacionales y no se enquista en la reproducción de métodos de profunda ineficacia.
Esa transformación debe constatarse en actos concretos que cuenten con la aprobación de los ciudadanos, pues no se puede obviar el hecho de que el carácter de vanguardia se lo otorga el pueblo, algo que solo puede medirse mediante elecciones democráticas y no ha ocurrido jamás en Cuba desde 1952. Todo partido proyecta una imagen revolucionaria y transformadora y esa posibilidad puede hacerse efectiva plenamente cuando llega al poder por mandato popular. Una vez allí su proyección transformadora debe ser probada y su condición de vanguardia ratificada por el pueblo. Si se priva al soberano del derecho de expresar su aceptación o rechazo del programa político que se le impone a nombre de un partido, este no es revolucionario porque atenta contra un ineludible elemento para su validación, la voluntad popular.
Más allá de la evidente contradicción existente en el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución castrista, donde se mezclan conceptos excluyentes como las ideas de José Martí con el marxismo leninismo, el Partido Comunista de Cuba no tiene —ni ha tenido jamás— un vínculo permanente con el pueblo. Mucho menos ha escuchado el reclamo popular de cambios, sino que siempre lo ha reprimido. Aunque asegura ser martiano, el PCC ha olvidado que el Apóstol de nuestra independencia dejó escrito en la Base Cuarta del Partido Revolucionario Cubano (PRC), que este no se proponía “perpetuar en la República Cubana, con formas nuevas o con alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia…”.
Y también escribió el Apóstol en la Base Quinta: “El Partido Revolucionario Cubano no tiene por objeto llevar a Cuba a una agrupación victoriosa que considere la Isla como su presa y dominio…”.
A pesar de proclamarse martiano, el PCC ha impuesto y perpetuado en nuestro país el espíritu autoritario de la colonia y ha convertido a su burocracia y a las fuerzas represivas que defienden sus privilegios en los únicos ciudadanos con derechos. Ellos son los únicos beneficiados de un ejercicio de poder que jamás ha sido otorgado por el pueblo y han terminado convirtiendo a Cuba en presa y dominio de su ideología, la misma que el Apóstol calificó como extranjerizante e impropia para el desarrollo humano, pues solo servía para enseñorear a unos hombres sobre otros, como ha demostrado la historia de todos los países donde se impuso. Por esa razón el PCC no puede ser calificado como martiano.
Lenin reconoció que el carácter vanguardista del partido bolchevique sería otorgado por el pueblo y, además, estaría reconocido por su composición proletaria. Pero ni siquiera él escapó al pecado de las violaciones de lo que se presentaba como una teoría infalible. El toque final al macabro experimento lo darían José Stalin, Mao Zedong, los jemeres rojos y la monarquía constitucional socialista establecida por Kim Il Sung, aunque de los horrores no escapa ningún país autoproclamado socialista, incluido Cuba.
Algo significativo en el caso del único partido legal en Cuba es la composición de sus más altas estructuras de mando. Después de la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, en el Buró Político hay 13 miembros y ninguno de ellos procede de la clase obrera. La única persona de esta instancia partidista que está vinculada a un sector productivo es Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
En el Secretariado hay seis miembros, todos miembros de la burocracia partidista.
El Comité Central tiene 98 miembros:
- 5 altos dirigentes del gobierno
- 2 altos dirigentes del partido
- 18 dirigentes administrativos de nivel nacional
- 15 dirigentes administrativos de instancias provinciales
- 20 dirigentes políticos de instancias provinciales
- 5 altos oficiales de las FAR
- 4 altos oficiales del MININT
- 1 es un alto dirigente de la UJC
- 3 rectores de universidades
- 4 investigadores
- 3 trabajadores de servicios de Salud Pública
- 3 profesores universitarios
- 7 dirigentes de organizaciones sociales y de masas
- 2 dirigentes de instancias políticas municipales
- 1 campesino
- 3 periodistas
- 1 jurista
- 1 embajador
No hay un solo obrero en las máximas instancias del PCC, algo que es una evidente contradicción, pues este se presenta como el genuino representante de los intereses de la clase trabajadora.
El Partido ha sido incapaz de transformar la economía cubana en más de sesenta años de poder absoluto, un lapso en el que países más atrasados que Cuba en 1959, como Taiwán y Singapur —por solo citar dos ejemplos— se han convertido en prósperas economías.
Pero la mejor prueba de que el PCC es totalmente conservador y profundamente reaccionario está en nuestra inocultable realidad, consecuencia directa de la aplicación de la ideología que propugna y de sus métodos económicos.
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