De mal en peor.

Por Orlando Freire Santana.

Una de las mayores insatisfacciones de los ciudadanos cubanos, sobre todo los que laboran en las entidades estatales, son los bajos salarios que perciben, que apenas alcanzan para cubrir las necesidades más elementales. De ahí que todo lo relacionado con las formas y sistemas de pago que se aplican en dichas entidades, despierte los reclamos de la masa trabajadora en cuanta asamblea o foro sindical  se convoque.

Así las cosas, el 23 de abril de 2014 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la Resolución 17, un cuerpo legal que intenta resumir las distintas variantes que pueden presentarse en las dos formas de pago establecidas: por rendimiento, y a tiempo. La primera, de aplicación en el sistema empresarial; mientras que la segunda, para ser puesta en práctica mayoritariamente en las unidades presupuestadas.

Lógicamente, el pago por rendimiento es el que más interés despierta entre todos, pues mediante él se pueden premiar monetariamente a los trabajadores más productivos, en aras de acercar a la sociedad al sistema de distribución que los gobernantes no se cansan de anunciar: "De cada cual según su capacidad, y a cada cual según su trabajo". De acuerdo con el contenido de la Resolución 17, no existe un límite máximo de salario a pagar por las empresas que aplican la forma de pago por rendimiento, siempre y cuando no se deteriore el indicador del gasto de salario por peso de valor agregado bruto planificado para el periodo. En otras palabras, que el salario pagado no sea mayor que el nuevo valor creado.

La forma de pago por rendimiento, a su vez, contempla dos sistemas de pago: a destajo y por resultados. El destajo se aplica a los trabajadores y obreros vinculados directamente a la producción o los servicios. El pago por resultados, aunque puede aplicarse también a las categorías anteriores, se reserva a menudo para el personal dirigente, técnico y administrativo de las empresas.

Es de destacar que los indicadores que se tomen en ambos sistemas de pago para la formación del estímulo salarial —es decir, el importe que exceda el salario básico— deben de propender a que sean los obreros y trabajadores de servicios los más beneficiados, ya que son ellos la fuente de creación de los valores materiales en la sociedad. Sin embargo, no siempre sucede de esta forma. Y he ahí uno de los blancos principales de la infinidad de críticas que recibe la resolución que comentamos.

Se han dado casos, por ejemplo, de obreros que cobran a destajo, y que a pesar de cumplir el indicador orientado para la formación de su estímulo salarial, no pueden acceder a él porque dependen del cumplimiento también de colectivo laborales pertenecientes a otras brigadas o talleres. Y qué decir de esos obreros que no cobran el estímulo porque los burócratas de la empresa no son ágiles en las ventas de los productos terminados, o deterioran los indicadores de eficiencia al incurrir en gastos superfluos…

Hay sectores donde, al parecer, la puesta en práctica de la Resolución 17 ha ocasionado más problemas que ventajas. Uno de ellos es el turismo. Así ha trascendido en reuniones sindicales de esa esfera, donde gastronómicos, personal de seguridad, y otros trabajadores de servicios han denunciado que ahora ganan menos salario que antes de la existencia de la referida resolución.

Pero la gota que colma la copa la hemos conocido hace poco por intermedio de declaraciones de la señora Gladys Bejerano, contralora general de la República, aparecidas en la edición del periódico  Granma del pasado 17 de abril. Durante el I Control Integral Estatal al Ministerio de Comercio Interior, la alta funcionaria se refirió a anomalías detectadas en la aplicación de la Resolución no.17, las cuales arrojaron pagos indebidos sin respaldo legal y productivo. Y apuntó la Contralora General: "No solo se trata de un daño económico, sino de una cuestión moral. Es un acto de corrupción que un directivo gane diez veces su salario, mientras que los trabajadores directos a la producción, dos o tres veces".

Sin dudas, estamos en presencia de malas noticias para los jerarcas de la economía cubana, los que apuestan por mayor autonomía para las empresas estatales. Porque un ejército de empresarios corruptos e incapaces, con potestad para inyectar grandes sumas de dinero en la circulación mediante pago de salarios que no tengan una adecuada contrapartida en bienes y servicios, podrían ocasionar una inflación incontrolable en la ya deteriorada economía de la Isla.