Hay que expropiar al Estado.

Por Ariel Hidalgo.

Independientemente de las especulaciones y desconfianzas bien fundadas ante el anuncio gubernamental cubano de un cronograma para eliminar la doble moneda, hay un consenso bastante generalizado acerca de que si bien la unificación monetaria no debe depender del aumento de la productividad, tampoco esa productividad será fruto de esa unificación, ni la reducción de la inflación. La inflación no depende de las leyes monetarias, sino de la productividad del país, y esa productividad depende mucho más del estímulo de la fuerza de trabajo.

¿Cómo se incentiva esa fuerza de trabajo? Varias son las medidas que a mi juicio conducirían al aumento de la productividad, a la reducción de la inflación, a un mayor número de empleos, a un aumento del poder adquisitivo de la población y al mismo tiempo a un incremento de las contribuciones públicas.

• Reducción de las excesivas cargas fiscales a cuentapropistas y empresas privadas.
• Supresión de regulaciones prohibitivas injustificadas a las actividades productivas y comerciales.
• Simplificación y abaratamiento de los trámites burocráticos a la legalización de las iniciativas económicas independientes.
• Concesión de mayores incentivos fiscales a aquellas actividades económicas independientes fundadas en relaciones no salariales, como el cooperativismo, la autogestión y las microempresas familiares e individuales.
• Cooperativización, sin imposiciones de pagos arrendatarios, de las pequeñas unidades industriales, comerciales y de servicio aún bajo control estatal.
• Establecimiento de instituciones de apoyo crediticio y de consejería a cooperativas y microempresas.
• Implementación en las empresas del Estado de un sistema cogestionario como el que produjo a principio de los 50 el milagro económico alemán bajo el liderato de Konrad Adenauer.

Medidas como éstas y quizás aún más radicales incrementarían las contribuciones públicas no solo porque estimularían las inversiones de capitales, sino además, nuevas iniciativas económicas de la ciudadanía, así como la incorporación de las empresas clandestinas del mercado negro a la formalidad, todo lo cual permitiría una economía sustentable capaz de brindar a toda la población, en las mejores condiciones, servicios públicos como la educación y el cuidado de la salud.

¿Estaría la administración raulista en disposición de dar pasos como éstos? A mi entender, no, debido a que alterarían radicalmente la esencia del sistema y por tanto afectarían los poderosos intereses del sector burocrático gracias al cual se sostiene en el poder la dirigencia histórica. Conclusión, no hay solución bajo el control de esa dirigencia ni de sus sucesores, a no ser que impulsaran desde arriba una nueva revolución capaz de defenestrar a ese estamento burocrático, algo muy dudoso. ¿Cuál es entonces la salida? A mi juicio, no queda, lamentablemente, otra vía que la revolución desde abajo, la insurrección pacífica de la sociedad civil, y cuando digo sociedad civil pienso en los intelectuales, los artistas, los estudiantes y los trabajadores. Esa revolución debe conducir resueltamente a la expropiación de quien detenta todas las riquezas del país: el Estado.