Comprar y no pagar.

Por Por Reinaldo Emilio Cosano Alén.

Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, (ANAP), ha puesto el dedo sobre la llaga al referirse al problema que trastorna parte de la economía: la acumulación de contratos incumplidos entre empresas, lo cual golpea al sector agropecuario. Por más que no es problema exclusivo de la agricultura, sino que también está presente en otros sectores.

El estado contrata producciones con campesinos independientes y cooperativistas, se firman documentos que suponen seriedad, y luego de recogidos y puestos en almacén, los  productos no se pagan, o se pagan demorados. A veces ni siquiera son recogidos: se pudren en el campo, sin  considerar su gran demanda, ni que el productor necesita su dinero para nuevas inversiones.

Muchas veces toca a quienes sudan la camisa pagar culpas de burócratas, cuando la  entidad estatal quiebra o tiene problemas financieros, por improvisaciones, cálculos desacertados, especulación o corrupción, y claro, se ve impedida de asumir pagos.

"La historia de los impagos no se conocía en Cuba hace varias décadas atrás. Era inconcebible que a un campesino se le comprara la producción y no se le pagara. Esto comenzó a partir del agravamiento de problemas financieros en empresas que no tenían flujo de caja y entonces adquirían las producciones de los campesinos, demorando en pagarles", señaló Lugo Fonte  al diario Granma (13-12-11).

Comenta que hubo alivio con la aprobación de la Resolución 245, del Banco Central de Cuba, por la que el Ministerio de la Agricultura, la ANAP y el desaparecido Ministerio del Azúcar, hoy Grupo Azucarero, deben pagar a los productores en 30 días: "pero como siguieron las dificultades de capital a nivel de empresa, el término fijado para liquidar esas deudas continuó incumpliéndose".

"La situación se agudizó a tal punto que tuvimos que buscar mecanismos más ágiles para evitar atrasos en las cuentas sin pagar", añade Fonte.

Se inventó entonces un mecanismo financiero con el simpático nombre de Fondo Reenvolvente, "que consistía en una suma de dinero depositada por el Estado en el Banco para que aquellas empresas deficitarias de flujo de caja solicitaran un crédito y pudieran comprarles a los campesinos. El plazo para que esas entidades pagaran los créditos al Banco era inicialmente de 90 días, luego, de 180 días".

Luego se buscó otra forma más ágil: "el Pago por factura, mecanismo mediante el cual la empresa y la cooperativa legalizan una firma por cada parte y se registran en el Banco. Entonces la empresa hace una factura por el valor de la compra al productor o a la cooperativa y la persona autorizada en la sucursal bancaria hace efectivo el dinero. Así el fenómeno no se presentaba ya entre el productor y la empresa, sino entre ésta y el banco. Pero llegó un momento en que se agudizó tanto el problema que quien se quedó con la deuda fue este último en lugar de la entidad".

Continúa Lugo exponiendo que en octubre había 6 millones de pesos en cuentas por pagar, que se saldaron en noviembre, y ahora el impago está entre los 2,5 a 3 millones mensuales, que no considera alarmante en relación con el monto de facturas mensuales y porque "debemos tener presente que contamos con 400 mil campesinos y 3, 500 cooperativas. Por otro lado, hay muchas empresas que trabajan con subsidios del Estado, no se autofinancian y no tienen otros ingresos, por lo que se crea un fenómeno complicado".

Fonte llamó a mantener estricta disciplina en el cumplimiento de los contratos y  "ser implacable y sancionar a quienes no acaten lo establecido de una y otra parte. Por eso debemos incrementar la observancia y la exigencia". Queda la duda sobre si esto último lo habrá dicho desde el convencimiento, luego de contar antes su historia de horror y misterio.